En tiempos difíciles como los que nos ha tocado
vivir, toda economía empieza por reducir gastos en aquellas partidas no ligadas
directamente al beneficio o que no suponen una necesidad indispensable para
seguir tirando adelante. Las familias acortan o adaptan sus vacaciones, se
pasan a las marcas blancas y optan por comprar el periódico solo los domingos…
y las empresas, desgraciadamente, dejan de invertir en lo que no consideran “imprescindible”
como las políticas sociales. Sin lugar a dudas, la crisis ha afectado a la
inversión de nuestras compañías en RSC y entre otros muchos aspectos a la
contratación de personas con discapacidad y por lo tanto, al cumplimiento de la
ley (antigua LISMI ahora integrada dentro de la Ley General de la
Discapacidad).
Un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad en España a
principios del 2014 revelaba que la tasa de paro del colectivo había crecido un
100% desde que comenzó la crisis en 2008, y es que actualmente en nuestro país
hasta un 63% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene trabajo.
Los recortes del Estado y de los gobiernos de las
diferentes Comunidades Autónomas han afectado seriamente a las políticas
activas de empleo de este sector de la población y han reducido o incluso
congelado las ayudas para la contratación de personas con diversidad funcional en
la empresa ordinaria.
Un mal síntoma que evidencia la cruda realidad: este
tipo de profesionales no sólo sufren las consecuencias habituales de la crisis,
sino que además se ven doblemente afectados por el hecho de tener una
discapacidad.
Sin embargo, hay un dato que arroja algo de luz a
este baile de números negativos y es que más del 80% de los parados con
discapacidad que sí encontraron trabajo lo hicieron a través de un Centro
Especial de Empleo. La creación de puestos de trabajo en este tipo de entidades
aumentó respecto a la contratación en empresas ordinarias, por lo que los CEE son
hoy en día el motor principal de contratación y sostenibilidad del colectivo.
Resulta curioso que suponiendo sólo el 0,3% del
PIB en España, los CEE sean capaces de crear más empleo que el 99,7% restante,
y eso sólo se consigue con gran esfuerzo y la convicción de que el valor social
es imprescindible para salir adelante.
A pesar de que la situación que venimos
arrastrando desde hace años no es nada alentadora ni para los que buscan ni
para los que ofrecen empleo protegido, los cifras más recientes indican que
algo está cambiando de cara al 2015. La contratación de personas con
discapacidad ha aumentado ligeramente en el último año, pues, según el Servicio
Público de Empleo Estatal, este año se
han incorporado más de 18.500 trabajadores con discapacidad al mercado laboral ordinario
con un contrato de duración determinada, lo que supone un aumento del 20%
respecto al año anterior.
No sólo se está creando más empleo para personas
con capacidades diferentes, tanto en los CEE como en el resto de empresas, sino
que además hay previsión de seguir generándolo este curso. En el caso concreto
de Grupo SIFU nos hemos propuesto crear más de 700 puestos de trabajo, la
mayoría para personas con diversidad funcional, en diferentes sectores como el
de la limpieza, servicios medio ambientales o servicios auxiliares.
Pero además de aumentar las oportunidades de
trabajo, lo cierto es que cada vez más las empresas que externalizan sus
servicios con un CEE o apuestan por la contratación directa, reservan puestos
de responsabilidad o de perfiles cualificados para personas con
discapacidad, rompiendo todo tipo de
prejuicios y estigmas del pasado. En Grupo SIFU, por ejemplo, contamos con
licenciados y personal con varios idiomas en el Zoo de Barcelona o en el Hotel
Blaumar de Tarragona, así como trabajadores/as con formación avanzada en ofimática
que desarrollan tareas de gestión y
digitalización documental en Repsol y de gestión de pedidos para toda España en
Contacto Singular.
Artículo publicado en Cat.Economica el 22 de enero de 2014
