Ayudas económicas a la discapacidad: ¿gasto o inversión?

¿Es posible medir el retorno económico de las inversiones públicas realizadas en materia social? La respuesta es sí: el Retorno a la Inversión Social (SROI por sus siglas en inglés) es una metodología creada en los años 90 precisamente para medir el impacto social de una inversión. Desde entonces, han sido muchas las entidades y organizaciones que han logrado poner en valor y monetizar los beneficios de carácter económico, social y ambiental tras invertir cualquier importe. Así, el SROI es un útil instrumento clave para la planificación y evaluación de proyectos de numerosas organizaciones que trabajan en dichos campos.

Hace muchos años que en el ámbito de la discapacidad existe el debate acerca de si el dinero destinado a ayudar a las personas con diversidad funcional debe considerarse un gasto o una inversión. Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son beneficiarios de subvenciones públicas debido a su importante papel en la integración de dicho colectivo en el mercado laboral. En este sentido, los CEE representan el 70% de los contratos a personas con discapacidad, mientras que el 30% restante los realiza la empresa ordinaria. Además, cabe recordar que la fuerza productiva de los Centros Especiales de Empleo es del 0,3% frente al 99,7% de la empresa regular. Así pues, aun siendo 332 veces más pequeños, los CEE generan más del doble de contrataciones.

En los últimos años, se han realizado varios estudios para determinar cuál es el retorno económico de las inversiones públicas realizadas en Centros Especiales de Empleo. Éstos estiman que por cada euro de inversión pública destinado a CEE se genera un retorno de entre 2,09 y 3,24 euros para la sociedad. A este retorno, además, habría que sumarle los ahorros (en sistemas de protección social…) derivados de facilitar la integración en el mercado laboral de un colectivo vulnerable, que alcanza casi un millón y medio de personas en edad laboral en España.

En esta línea, las ayudas a la discapacidad no funcionan solo como garantía de los derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional sino que, gracias a la metodología del SROI, se ha demostrado que tienen un efecto multiplicador que vuelve en beneficio de toda la sociedad. En consecuencia, es necesario replantearse el eterno debate: ¿son estas ayudas un gasto o una inversión?

A fecha de hoy todavía son muchas las administraciones públicas que continúan considerando la inyección de dinero público en centros especiales de empleo como un gasto sin retorno, transmitiendo un mensaje de miedo relacionado con invertir en discapacidad. Estamos en un punto en el que vale la pena cambiar de perspectiva y empezar a ver las empresas, entidades y organizaciones que emprenden con éxito proyectos de acción social no solo como meras receptoras de subvenciones sino por el valor económico y social que generan.

 

 

CADENA SER - PROGRAMA "HORA PUNTA" Estartapeando: ¿què es el eyetracking?”

 

 

* escoltar a partir del minut 9’45’’

CADENA SER - PROGRAMA "HORA PUNTA" Estartapeando: ¿què es el eyetracking?” , emitido el 25 de octubre

DISCAPACITAT I TREBALL A EUROPA

Segons la Comissió Europea, una de cada sis persones a la Unió Europea té algun tipus de discapacitat, ja sigui lleu o greu. En total, sumen 80 milions de persones que, amb freqüència, no poden participar plenament a la societat i economia del seu país com a conseqüència de les nombroses barreres de tot tipus que existeixen. Conscients d’aquesta realitat, al llarg dels últims anys s’han publicat recomanacions de la Unió en favor del treball d’aquest col.lectiu. L’Estratègia Europa 2020, on la Unió Europea ha establert per 2020 cinc ambiciosos objectius en matèria de treball, innovació, educació, integració social i clima i energia, n’és un exemple. Es tracta de l’estratègia de creixement de la Unió per la dècada, que demana per Europa una economia intel·ligent, sostenible i integradora. En definitiva, aquestes prioritats, que es reforcen mútuament, contribuiran a que la UE i els seus estats membres generin alts nivells de feina, productivitat i cohesió social.

En matèria de diversitat funcional, l’Estratègia Europea sobre discapacitat 2010-2020, que s’emmarca dins l’Estratègia Europa 2020, demostra un compromís renovat per part dels estats membres per una Europa sense barreres. La seva finalitat és capacitar les persones amb discapacitat perquè puguin gaudir de tots els seus drets. Amb aquesta vocació, la Comissió Europea ha identificat vuit àmbits primordials d'actuació: accessibilitat, participació, igualtat, ocupació, educació i formació, protecció social, sanitat i acció exterior.

L’accés al mercat laboral per part de les persones amb discapacitat és doncs una de les peces clau d’aquestes estratègies, però és un objectiu inassolible si no es fa de la mà del treball protegit com a factor de generació de llocs de treball. Tot i sumar més de 400.000 persones amb discapacitat ocupades en el sector del treball protegit a tota Europa, encara no s’ha reconegut la feina feta per aquests centres inclusius. Només amb el reconeixement a nivell europeu del centres especials de treball s’aconseguirà potenciar un instrument fonamental que funciona a molts països del Vell Continent i que és una peça bàsica per garantir el treball del col·lectiu amb discapacitat.

En aquesta línia, ja existeix una iniciativa a nivell estatal on col·labora l’Associació de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Privada (CETIP) per, juntament amb França, Alemanya i Bèlgica, crear la primera associació europea de treball protegit. Així, des de Brussel·les, s’ajudarà a fer arribar més lluny aquest model d’èxit de generació de treball que funciona a molts països europeus.

Veure article publicat a : http://www.social.cat/opinio/6234/discapacitat-i-treball-a-europa

LA DISCAPACIDAD EN LA ERA DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: AMENAZAS Y OPORTUNITADADES

Aunque hace unos años parecía un argumento de novela de ciencia ficción, las innovaciones tecnológicas, los sofisticados mecanismos de automatización industrial o la robótica se han ido haciendo un hueco en nuestro día a día, transformando la forma en la que vivimos y en la que trabajamos. Es la denominada cuarta revolución industrial, un nuevo escenario que ha llegado a nuestras vidas planteando un sinfín de nuevas oportunidades.

Desde el punto de vista de las personas con diversidad funcional, las innovaciones tecnológicas están mejorando la calidad de vida del colectivo. Conscientes del potencial de esta realidad, cada vez son más las empresas y entidades que dedican sus esfuerzos a implementar nuevas herramientas para normalizar la situación de estas personas y potenciar sus capacidades. De hecho, en los últimos años hemos presenciado la aparición de numerosos ejemplos de tecnologías sociales e inclusivas, como el primer smartphone capaz de controlarse con el movimiento de la cabeza, aplicaciones móviles sobre accesibilidad o prótesis monitorizadas.

No obstante, el avance de la tecnología puede conllevar también algunos riesgos, especialmente palpables en el terreno del mercado laboral. A principios de año, un informe elaborado por investigadores del Foro Económico Mundial de Davos vaticinaba que la llegada de la cuarta revolución industrial provocaría un impacto social sin precedentes en el campo laboral. En concreto, el documento apuntaba a que los autómatas y la inteligencia artificial destruirán cinco millones de empleos en 2020 en los 15 países más industrializados del mundo, afectando en primera instancia a los trabajos manuales y más repetitivos, es decir aquellos en los que el empleado aporta menos valor añadido a la empresa.

Este panorama repercutirá sin lugar a dudas en toda la sociedad industrializada, pero todo parece apuntar a que, una vez más, la situación impactará con más fuerza en el colectivo de personas con diversidad funcional. Según el Atlas Laboral de las Personas con Discapacidad 2016, elaborado por Grupo SIFU y la Universidad de Sevilla, sólo un 15% de los españoles con discapacidad poseen estudios superiores, diez puntos por debajo de la población sin discapacidad. 

Está claro que la tecnología y la innovación no solo plantean un nuevo horizonte de posibilidades en todos los campos (en la industria, la medicina, el aprendizaje…), sino que además representan un tren en marcha del que no es posible apearse y que pone sobre la mesa nuevas responsabilidades para todos (administraciones públicas, empresas, trabajadores…). Ante este punto, es de obligado cumplimiento plantearse algunas preguntas: ¿realmente la cuarta revolución industrial pondrá en peligro el mercado laboral? ¿cómo hacer frente a esta tormenta perfecta que innovación y discapacidad pueden protagonizar en un futuro próximo?

Teniendo en cuenta que el nivel educativo tiene una relación directa sobre la empleabilidad de las personas con discapacidad, la inversión en formación tendrá un papel más relevante que nunca para aportar valor añadido y garantizarles un puesto de trabajo, un terreno en el que a fecha de hoy todavía existe un gran margen de mejora. Se trata de un reto y una responsabilidad innegable a la que, entre todos, deberíamos dar respuesta.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "RESPONSABILITAT SOCIAL COMPETITIVA" A LA CEOE

Presentació a la CEOE. Noticia publicada a "El Economista" - 29/09/16

GARANTIR LA SEGURETAT DELS COL.LECTIUS MÉS VULNERABLES

Des de la instauració de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), aquesta ajuda pública s’ha convertit en un suport imprescindible per aquelles persones i famílies que no tenen recursos suficients per fer front a les necessitats més bàsiques de la vida. Les estadístiques revelen que moltes persones amb discapacitat formen part del col·lectiu que depèn d’aquesta prestació. Es tracta d’un fet poc sorprenent tenint en compte que més del 30% de la població amb diversitat funcional es troba en situació de risc de pobresa i exclusió social, segons dades de l’Atles laboral de la Discapacitat 2016, elaborat per la Universitat de Sevilla i Grupo SIFU.

 

Donat que es tracta d’una ajuda que és competència de les diferents comunitats autònomes, el seu import, durada i condicions de sol·licitud és diferent a cada territori. Salari social bàsic, ingrés mínim d’inserció o renda garantida de ciutadania són alguns dels diferents noms que rep. Tot i aquestes diferències, el tret en comú que tenen en tots els casos és la dificultat que comporta el procés administratiu necessari per sol·licitar i aconseguir l’ajuda.

 

Durant els mesos d’estiu, els contractes per substitució són molt habituals. Més enllà de veure’ls com a contractes curts, representen una gran oportunitat tant per als treballadors com per les empreses d’entrar en contacte i, per tant, provar una feina on es poden quedar després, una possibilitat especialment valuosa en el cas de col·lectius vulnerables com és el de les persones amb diversitat funcional. Tot i així, al llarg dels últims anys hem pogut comprovar com les dificultats administratives lligades a la renda mínima d’inserció sovint es converteixen en un entrebanc més per aquestes persones en el moment de començar a treballar. No són pocs els candidats que, moguts per la por a deixar de cobrar l’ajuda durant mesos si es tornen a quedar sense feina, renuncien a una oportunitat de treball. Tenint en consideració la situació del col·lectiu no és moment de posar pals a les rodes a la creació d’oportunitats laborals per persones amb discapacitat, però igual d’important és garantir les facilitats per aprofitar aquests nous llocs de treball, una porta oberta a la continuïtat en el mercat laboral. Crec que la solució a aquesta situació passa per agilitzar els tràmits per la sol·licitud i l’atorgament de les prestacions de renda mínima d’inserció: només d’aquesta manera aconseguirem incentivar, per par dels treballadors, fer el pas d’acceptar un contracte curt i demostrar les seves capacitats i, per part de les empreses, de donar l’oportunitat a altres persones d’entrar a formar part de l’empresa.

 

Per assolir el repte social d’integrar el col·lectiu amb diversitat funcional al mercat laboral, és més necessari que mai que tots –administracions, empresaris i  treballadors– avancem en la mateixa direcció i, sobre tot, que posem totes les facilitats possibles per aconseguir-ho. En aquesta línia, garantir una certa agilitat en la sol·licitud de la renda mínima d’inserció, una ajuda imprescindible per a moltes persones, serà bàsic per impulsar el mercat i donar la seguretat a un col·lectiu vulnerable que no es quedaran desprotegits.

 

Publicat a social.cat. Veure versió on line a : http://www.social.cat/opinio/6162/garantir-la-seguretat-dels-collectius-mes-vulnerables

EL FACTOR SOCIAL POT SER LA BASE DE LA DIFERENCIACIÓ D'UNA COMPANYIA

Entrevista publicada en Mon Empresarial - Tercer Trimestre  2016