XXV JORNADA GERENTES GRUPO SIFU - 2016

Foto de familia de la última Jornada de Gerentes. Un año más, ha sido un placer compartir con vosotros estos días de talleres, charlas y convivencia. Esperamos que los hayáis disfrutado.

"EL FACTOR SOCIAL PUEDE SER LA BASE DE LA DIFERENCIACIÓN DE UNA COMPAÑÍA"

Publicat a la Revista "Gras i Magre". n. 170

Del año internacional de los impedidos al día internacional de las personas con discapacidad

A lo largo de la historia se ha dado una evolución constante en el tratamiento de la discapacidad, tanto desde el punto de vista social como del uso del lenguaje. Si en el siglo XIV se hablaba de “idiotas”, en el siglo XVII se empezó a acuñar el término “retardo mental” sin hacer distinción alguna entre los diferentes tipos de discapacidad. No obstante, no hace falta viajar tan lejos en el tiempo para comprobar cómo ha evolucionado el vocabulario referido a las personas con diversidad funcional, yendo siempre de la mano de la propia realidad social.

En 1976, Naciones Unidas anunciaba que 1981 sería el Año Internacional de los Impedidos. Bajo el lema “por la plena participación y la igualdad”, la asamblea general de la organización solicitaba entonces que se estableciese un plan de acción a nivel nacional, regional e internacional en el que se hiciese especial hincapié en la igualdad de oportunidades, la rehabilitación y la prevención de la discapacidad. A fecha de hoy, resulta sorprendente que la ONU hablase de “impedidos”, pero no se trata del único ejemplo de uso despectivo del lenguaje. En el año 1982 se popularizó la denominación de la palabra “minusválido”, que evolucionó a principios de los años 90 al uso más extendido del concepto “disminuido”. En la misma línea, no son pocos los ejemplos de documentos oficiales de finales del siglo XX que se referían a las personas con discapacidad con palabras como “tullidos” o “inválidos”, que no quiere decir otra cosa que persona no válida.

No fue hasta octubre de 1992, año en que acababa el Decenio de los Impedidos (1983-1992), cuando la asamblea general de las Naciones Unidas proclamaba el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, haciendo un llamamiento a los estados miembros para celebrar dicha jornada con el objetivo de fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con capacidades diferentes. Desde entonces, cada año la ONU ha celebrado cada 3 de diciembre haciendo palanca en base a un lema y un objetivo diferente.

Con la proclamación del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se daba también un paso más hacia la normalización buscando un uso más justo del lenguaje. Esta evolución, como decíamos, está en constante revisión, puesto que actualmente se está empezando a cuestionar el término “discapacidad”, recomendando ahora hablar de “diversidad funcional” o personas con “capacidades diferentes”. Se trata aún de un debate abierto que dará mucho que hablar. En cualquier caso, la reflexión que podemos extraer es que el uso del lenguaje es un reflejo de la realidad social que se encuentra detrás de este colectivo, que continúa luchando por su plena inclusión y encaje en la sociedad.

En este sentido, una de las grandes asignaturas pendientes es la integración laboral de las personas con discapacidad, un colectivo que se ve afectado por unas elevadísimas tasas de paro en la gran mayoría de los países del mundo. En España, casi un millón y medio de personas en edad laboral tienen certificado de discapacidad, lo que representa el 4,76% del total de la población comprendida en esas edades. La mayoría de ellos, además, tienen una muy baja participación en el mercado laboral (su tasa de actividad es del 36,7%, más del doble que la de las personas sin discapacidad) que se suma una alta tasa de paro 32%. Sin lugar a dudas, la integración laboral y la independencia económica son dos piezas imprescindibles para lograr la plena normalización de las personas con discapacidad. Queda aún un largo camino por recorrer.

Responsabilidad social competitiva

Alimentos de km 0, coches eléctricos, cosméticos ecológicos, turismo sostenible… cada vez más, los consumidores tienden a comprar valores y no productos. Nuestra sociedad ha empezado a exigirle a las empresas y a los gobiernos un comportamiento ético, premiando a las firmas que son competitivas en calidad y en precio, pero también en valores compartidos por el conjunto de la sociedad. Y es que para poder encajar dentro de los nuevos criterios del consumidor, cada vez más las empresas tienden a generar o transformar su producto haciéndolo responsable y competitivo.

A diferencia de las compañías acomodadas en la habitual Responsabilidad Social Empresarial (RSE), una nueva generación de empresas están construyendo un modelo de negocio en el que, desde el primer momento, se sitúa el factor social como elemento diferencial, pero sin perder nunca de vista la rentabilidad. Así, el producto o servicio ofertado debe generar valor social por sí mismo y, desde el primer día, cada euro invertido debe contribuir a crear un mundo mejor. Estamos hablando de empresas socialmente competitivas, compañías que convierten el factor social en la clave de su éxito.

La filantropía, entendida como las acciones en beneficio de la sociedad sin retorno para su promotor, mueve entre el 2 y el 3% del PIB mundial. El sector público, por su parte, representa una media del 20% PIB. El sector privado, en cambio, con casi el 80% del PIB mundial, es el gran motor capaz de cambiar el mundo mediante la creación de negocios sostenibles, rentables y replicables en cualquier lugar. En esta línea, la empresa socialmente competitiva es un activo fundamental para construir un modelo económico sostenible a la par que competitivo.

A diferencia de lo que muchos puedan pensar, las empresas socialmente competitivas representan un modelo completamente transversal y aplicable a cualquier tamaño de empresa y cualquier sector. La clave reside en el equilibrio entre la creación de valor social y económico, entre la sostenibilidad social y financiera, un modelo que huye del modelo caritativo tradicional y que sitúa la responsabilidad social en el ADN de la empresa, un elemento que le permitirá diferenciarse de la competencia y ser más competitiva.

Los empresarios no deberíamos avergonzarnos del hecho de querer ganar dinero. Cuando dejemos de hacerlo y acabemos con la creencia que está mal o bien según si una empresa tiene o no ánimo de lucro, empezaremos a entender de una vez por todas el verdadero sentido de la responsabilidad social. No se trata de aplicar medidas solidarias para justificar nuestra cuenta de resultados, sino de todo lo contrario, se trata de que la mejor manera de ser verdaderamente consecuentes con nuestro entorno es aplicar la siguiente premisa: si contribuimos a que a la sociedad le vaya bien, a nosotros también nos irá bien, pues si nosotros ganamos la sociedad también gana. Este es el modelo que plantea la Responsabilidad Social Competitiva.

Muchas empresas ya están aplicando esta manera de hacer negocios. Es el caso de la banca ética, un modelo que defienden empresas como Triodos Bank, que poco a poco han conseguido posicionarse invirtiendo únicamente en productos sostenibles. En el sector de la alimentación, son muchas las compañías que han alcanzado el éxito gracias al acceso a un nuevo nicho de mercado como son la alimentación ecológica o el comercio justo. Prueba de ello ha sido la expansión de la cadena de supermercados 100% ecológicos Veritas, de Cafés Novell, cuyo café es ecológico y procedente de mercados sostenibles, o de Revolution Foods, una aventura empresarial emprendida por dos madres norteamericanas que ha conseguido revolucionar la línea de almuerzo escolar, pues producen más de un millón de comidas saludables, asequibles y preparados frescos cada semana y para todo Estados Unidos. La moda y el calzado tampoco se quedan al margen y podemos encontrar ejemplos de empresas socialmente competitivas tanto en nuestro país como en el extranjero: bajo el lema “ayúdanos a cambiar el mundo” la marca californiana de alpargatas TOMS Shoes tiene el compromiso de entregar un par de zapatos a personas necesitadas de Sudamérica por cada par vendido, logrando así convertirse en un calzado de moda y cautivar a anónimos y famosos. También en España, la conocida casa de zapatillas Victoria logró remontar el negocio con un producto que recoge la bandera de la tradición y los buenos materiales, certificados y respetuosos con el medio ambiente. En el sector servicios, Grupo SIFU ha logrado duplicar sus trabajadores y su facturación en los últimos 5 años gracias al equilibrio entre la integración socio-laboral de personas con discapacidad –que representan el 85% de su plantilla- y una oferta de servicios de la más alta calidad, capaz de competir con otras empresas de Facility Services.

La ‘Generación Millennial’ ha demostrado ser una generación preocupada por conseguir una sociedad más justa y sostenible, pero no por ello han dejado de ser consumidores exigentes. Ellos, los consumidores del futuro, premiarán a los negocios sostenibles y sociales, y requerirán al mismo tiempo productos competitivos en calidad y en precio, encumbrando a las empresas socialmente competitivas.

Publicado en "El Economista"

AJUDES ECONÒMIQUES A LA DISCAPACITAT: DESPESA O INVERSIÓ ?

És possible mesurar el retorn econòmic de les inversions públiques realitzades en matèria social? La resposta és sí: el Retorn a la Inversió Social (SROI per les seves sigles en anglès) és una metodologia creada als anys 90 precisament per mesurar l'impacte social d'una inversió. Des de llavors, han estat moltes les entitats i organitzacions que han aconseguit posar en valor i monetitzar els beneficis de caràcter econòmic, social i ambiental després d'invertir qualsevol import. Així, el SROI és un instrument clau per a la planificació i avaluació de projectes de nombroses organitzacions que treballen en aquests camps.

Fa molts anys que en l'àmbit de la discapacitat es va obrir el debat sobre si els diners destinats per ajudar a les persones amb diversitat funcional s’han de considerar una despesa o una inversió. Els Centres Especials de Treball (CET) són beneficiaris de subvencions públiques a causa del seu important paper en la integració d'aquest col·lectiu en el mercat laboral. En aquest sentit, els CET representen el 70% dels contractes a persones amb discapacitat, mentre que el 30% restant els realitza l'empresa ordinària. A més, cal recordar que la força productiva dels centres especials de treball és del 0,3%, mentre que el 99,7% restant correspon a l’empresa regular. Així doncs, tot i ser 332 vegades més petits, els CET generen més del doble de contractacions.

En els últims anys, s'han realitzat diversos estudis per determinar quin és el retorn econòmic de les inversions públiques realitzades en Centres Especials de Treball. Aquests estimen que per cada euro d'inversió pública destinat als CET es genera un retorn d'entre 2,09 i 3,24 euros per a la societat. A aquest retorn, a més, caldria sumar-li els estalvis (en sistemes de protecció social ...) derivats de facilitar la integració en el mercat laboral d'un col·lectiu vulnerable, que arriba gairebé un milió i mig de persones en edat laboral a Espanya.

En aquesta línia, els ajuts a la discapacitat no funcionen només com a garantia dels drets fonamentals de les persones amb diversitat funcional sinó que, gràcies a la metodologia del SROI, s'ha demostrat que tenen un efecte multiplicador que torna com a benefici per tota la societat. En conseqüència, cal replantejar-se l'etern debat: són aquests ajuts una despesa o una inversió?

A data d'avui encara són moltes les administracions públiques que continuen considerant la injecció de diners públics en centres especials de treball com una despesa sense retorn, transmetent un missatge negatiu relacionat amb la inversió en discapacitat. Estem en un punt on val la pena canviar de perspectiva i començar a veure les empreses, entitats i organitzacions que emprenen amb èxit projectes d'acció social no només com a receptores de subvencions sinó pel valor econòmic i social que generen.

Artícle publicat a SOCIAL.CAT
Podeu veure versió web a : http://www.social.cat/opinio/6344/ajudes-economiques-a-la-discapacitat-despesa-o-inversio

PRESENTACIO DEL LLIBRE "RESPONSABILITAT SOCIAL COMPETITIVA" A ALACANT

Presentació del meu llibre a Alacant, en el marc de la celebració de FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO - http://www.focuspyme.es/

Ayudas económicas a la discapacidad: ¿gasto o inversión?

¿Es posible medir el retorno económico de las inversiones públicas realizadas en materia social? La respuesta es sí: el Retorno a la Inversión Social (SROI por sus siglas en inglés) es una metodología creada en los años 90 precisamente para medir el impacto social de una inversión. Desde entonces, han sido muchas las entidades y organizaciones que han logrado poner en valor y monetizar los beneficios de carácter económico, social y ambiental tras invertir cualquier importe. Así, el SROI es un útil instrumento clave para la planificación y evaluación de proyectos de numerosas organizaciones que trabajan en dichos campos.

Hace muchos años que en el ámbito de la discapacidad existe el debate acerca de si el dinero destinado a ayudar a las personas con diversidad funcional debe considerarse un gasto o una inversión. Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son beneficiarios de subvenciones públicas debido a su importante papel en la integración de dicho colectivo en el mercado laboral. En este sentido, los CEE representan el 70% de los contratos a personas con discapacidad, mientras que el 30% restante los realiza la empresa ordinaria. Además, cabe recordar que la fuerza productiva de los Centros Especiales de Empleo es del 0,3% frente al 99,7% de la empresa regular. Así pues, aun siendo 332 veces más pequeños, los CEE generan más del doble de contrataciones.

En los últimos años, se han realizado varios estudios para determinar cuál es el retorno económico de las inversiones públicas realizadas en Centros Especiales de Empleo. Éstos estiman que por cada euro de inversión pública destinado a CEE se genera un retorno de entre 2,09 y 3,24 euros para la sociedad. A este retorno, además, habría que sumarle los ahorros (en sistemas de protección social…) derivados de facilitar la integración en el mercado laboral de un colectivo vulnerable, que alcanza casi un millón y medio de personas en edad laboral en España.

En esta línea, las ayudas a la discapacidad no funcionan solo como garantía de los derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional sino que, gracias a la metodología del SROI, se ha demostrado que tienen un efecto multiplicador que vuelve en beneficio de toda la sociedad. En consecuencia, es necesario replantearse el eterno debate: ¿son estas ayudas un gasto o una inversión?

A fecha de hoy todavía son muchas las administraciones públicas que continúan considerando la inyección de dinero público en centros especiales de empleo como un gasto sin retorno, transmitiendo un mensaje de miedo relacionado con invertir en discapacidad. Estamos en un punto en el que vale la pena cambiar de perspectiva y empezar a ver las empresas, entidades y organizaciones que emprenden con éxito proyectos de acción social no solo como meras receptoras de subvenciones sino por el valor económico y social que generan.