SIMPLE CONTRA COMPLEJO

En Norteamérica las leyes marcan cuales son los límites del gobierno. La iniciativa y el destino de tu vida queda en manos de cada individuo, la comunidad, la familia y la iniciativa social substituye en gran medida el rol que en Europa damos al gobierno. En Europa las leyes no marcan un límite al gobierno indican cuales son los derechos que tenemos los ciudadanos. El resultado de todo ello es un peso en legislación que se traduce en miles de páginas diarias entre BOE’s y otros diarios oficiales nacionales, autonómicos y provinciales.

La evolución natural de las cosas es hacia su complejidad. En nuestro país contamos con, aproximadamente, 22.000 leyes y sus correspondientes reglamentos y disposiciones adicionales así como libros blancos que nos regulan. Este marasmo legislativo no incluye las ordenanzas, que por docenas, promulgan cada año los 9.000 consistorios españoles. A nivel laboral contamos con 41 modalidades de contratos diferentes. Todo es tan complejo que las empresas pierden una parte de su capacidad productiva, recursos y talento interpretando leyes y pagando a gestores, consultores y asesores. También los directivos de las empresas y los emprendedores derrochan tiempo reunidos con asesores que les distraen de su tarea principal que no es otra que desarrollar su negocio.

Tender a la simplificación será difícil, abrir el camino a conseguirlo y tener voluntad de hacerlo ya sería un inicio. Esto pasa en la administración, pero también en la empresa privada, la sencillez no está tan bien vista en los ámbitos laborales, ni en la sociedad en general. Cuanto más complicado es algo, más esfuerzo parece que hemos puesto cuando normalmente es al contrario.

Tendemos a añadir fases a las cosas en lugar de eliminar pasos y conceptos. Definitivamente el barroquismo se ha apoderado de la arquitectura social, legal, empresarial y administrativa. En nuestro país darse de baja de un servicio tan básico como la telefonía requiere casi de una sentencia del Tribunal Supremo, dar de alta a un hijo en el registro civil, la Seguridad Social, el Ayuntamiento, la Área Básica de Salud y no se sabe cuántos sitios más requiere pedir días de vacaciones. Abrir una empresa, o cerrarla, o trasladarla, o fusionarla incluso requiere legalmente, en algunos casos, anunciarlo en la prensa escrita, previo pago.

¿Qué hacer? Se debe dejar de evaluar a los diputados por su productividad legislativa. A más leyes no significa que sean más trabajadores. Creo que hay que analizar cuantas leyes se podrían derogar y así de paso ahorrarnos decenas de miles de inspectores de normativas inútiles como el número de mesas que puede haber por metro cuadrado en una terraza de bar. Sugiero que no se permita aprobar ninguna ley, sin antes haber derogado dos y que se cree un trámite administrativo simplificado (en este caso sí) que permita derogar una ley de un plumazo.

PUBLICADO EN EXPANSION 15/11/11