Creo en la iniciativa social y el mercado, y por lo tanto, me rebelo ante la idea de que los gobiernos son determinantes en el devenir de un país. Pero es evidente que en sociedades, como las europeas, donde el sector público tiene un peso tan importante, los presupuestos pueden marcar de forma decisiva si un país camina en la senda del progreso o de la recesión. La evolución de la economía alemana o la nuestra son ejemplos de lo que digo.
No quiero hoy centrarme en los diversos modelos de políticas públicas, socialdemócratas o liberales, sino en la veracidad y ejecución de los presupuestos que se aprueban. Siempre me he preguntado ¿Si la aprobación de un presupuesto levanta tanta expectación, porque no lo hace la ejecución o desviaciones del mismo?
¿Cuántas veces leemos breves o noticias solo en prensa económica sobre las desviaciones en recaudación o gasto? ¿Cuántas veces deben modificarse los presupuestos o incrementar los impuestos para ajustar dichos presupuestos a la realidad? Solo las reducciones de impuestos, por su excepcionalidad se convierten en noticia.
Creo que deberíamos ser más exigentes con nuestros gobernantes y hacer un mayor seguimiento de la ejecución de las políticas públicas, en especial las presupuestarias. ¿Para qué sirven las leyes? ¿Se aplican? ¿Mejoran la vida de las personas?
Parece que en ocasiones, más de las que creemos es justo lo contrario. Actualmente el Gobierno Catalán está gestionando una Ley Omnibus que tiene que desenmarañar una tupida red de leyes que dificulta la gestión empresarial, y por lo tanto la creación de empleo en Catalunya.
Con los presupuestos ocurre lo mismo. Cuando dichos presupuestos se preparan sobre predicciones más políticas que reales están condenados al fracaso. Cuando se producen modificaciones, la atención de la opinión pública suele ser tan baja que dicha modificación, por incremento de gasto o menos ingresos, sale gratis a los gobernantes.
Las empresas privadas no se examinan cada cuatro años, lo hacen cada día, el mercado y los clientes les valoran con sus decisiones de compra. Las empresas están obligadas a declarar sus ingresos, pagar impuestos de sociedades, depositar las cuentas y un largo etcétera de obligaciones. Si un empresario no paga salarios, realiza un ERE o su empresa sufre un accidente laboral, la sociedad le exige cuentas y responsabilidades. Los gobernantes creen que las elecciones son como un fuego purificador que todo lo limpia o exime. Los gobiernos pueden no cumplir sus cuentas y desde organismos públicos como la Sindicatura de Comptes se quejan, sin éxito, de los pocos medios que tienen para fiscalizar dichas cuentas. Son muchos los ayuntamientos e instituciones públicas que no presentan sus cuentas a la Sindicatura, pero a ellos, tal como bien denuncia la propia Sindicatura, a diferencia de las empresas privadas, no les ocurre nada.
No quiero hoy centrarme en los diversos modelos de políticas públicas, socialdemócratas o liberales, sino en la veracidad y ejecución de los presupuestos que se aprueban. Siempre me he preguntado ¿Si la aprobación de un presupuesto levanta tanta expectación, porque no lo hace la ejecución o desviaciones del mismo?
¿Cuántas veces leemos breves o noticias solo en prensa económica sobre las desviaciones en recaudación o gasto? ¿Cuántas veces deben modificarse los presupuestos o incrementar los impuestos para ajustar dichos presupuestos a la realidad? Solo las reducciones de impuestos, por su excepcionalidad se convierten en noticia.
Creo que deberíamos ser más exigentes con nuestros gobernantes y hacer un mayor seguimiento de la ejecución de las políticas públicas, en especial las presupuestarias. ¿Para qué sirven las leyes? ¿Se aplican? ¿Mejoran la vida de las personas?
Parece que en ocasiones, más de las que creemos es justo lo contrario. Actualmente el Gobierno Catalán está gestionando una Ley Omnibus que tiene que desenmarañar una tupida red de leyes que dificulta la gestión empresarial, y por lo tanto la creación de empleo en Catalunya.
Con los presupuestos ocurre lo mismo. Cuando dichos presupuestos se preparan sobre predicciones más políticas que reales están condenados al fracaso. Cuando se producen modificaciones, la atención de la opinión pública suele ser tan baja que dicha modificación, por incremento de gasto o menos ingresos, sale gratis a los gobernantes.
Las empresas privadas no se examinan cada cuatro años, lo hacen cada día, el mercado y los clientes les valoran con sus decisiones de compra. Las empresas están obligadas a declarar sus ingresos, pagar impuestos de sociedades, depositar las cuentas y un largo etcétera de obligaciones. Si un empresario no paga salarios, realiza un ERE o su empresa sufre un accidente laboral, la sociedad le exige cuentas y responsabilidades. Los gobernantes creen que las elecciones son como un fuego purificador que todo lo limpia o exime. Los gobiernos pueden no cumplir sus cuentas y desde organismos públicos como la Sindicatura de Comptes se quejan, sin éxito, de los pocos medios que tienen para fiscalizar dichas cuentas. Son muchos los ayuntamientos e instituciones públicas que no presentan sus cuentas a la Sindicatura, pero a ellos, tal como bien denuncia la propia Sindicatura, a diferencia de las empresas privadas, no les ocurre nada.
Cristian Rovira
Consejero Delegado de Grupo SIFU
PUBLICADO EN EXPANSION - 08/07/11
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