SOCIEDAD DE BAJO COSTE

Aviones realizando aterrizajes de emergencia por falta de combustible, carne de caballo que debería ser de ternera, guacamole con tan solo un 7% de aguacate en su composición, tartas con bacterias fecales, productos cosméticos retirados por posibles perjuicios para la salud…

Desde hace algún tiempo la cultura low cost se ha instaurado en nuestra sociedad. Un reclamo apto para todos los bolsillos que triunfa entre las compañías aéreas, los gimnasios e incluso en el mundo de la moda o la restauración. Los productos de bajo coste resultan ciertamente atractivos por su precio pero en la mayoría de los casos conllevan una serie de riesgos que no debemos olvidar.

Este nuevo concepto, que se presenta como la solución ideal ante el consumo en tiempos de crisis, trae consigo un abaratamiento de toda la cadena productiva, y por tanto también del salario y de las condiciones de quienes forman parte de ella. Para vender más barato, hay que producir más barato y eso supone, a su vez, menos calidad de las materias primas, mano de obra más barata, menos control del producto, deslocalización... Por no hablar de la letra pequeña, los cobros adicionales o la publicidad engañosa.  

La variable precio ha pasado a ser el único factor a tener en cuenta en cualquier oferta comercial, licitación o acuerdo económico. Tanto las empresas como los consumidores han dejado de lado sus exigencias en calidad o servicio, a cambio de conseguir un ahorro o beneficio a corto plazo, sin embargo, olvidan que esa ventaja inicial les reportará pérdidas a medio y largo plazo.

En un momento como el actual no debemos sólo fomentar la cultura de bajo precio sin esperar que eso nos acabe pasando factura. Poco a poco nos estamos convirtiendo, también, en una sociedad low cost y lo alarmante es que nos acabemos habituando por completo a la mala calidad de los productos y servicios.

La cultura de la calidad, por el contrario, ofrece mayor margen, mejores salarios y mayor bienestar para la sociedad. Si no somos capaces de conservar su lugar como máximo exponente en nuestra escala empresarial, quedaremos relegados como un país de segunda.

En los periodos de crisis es fácil sucumbir a las ofertas, pero como dice el refrán, “Lo barato sale caro” y es momento de seguir apostando por el valor añadido de nuestras empresas y la excelente calidad de sus productos, tanto fuera como dentro de casa.     

Cristian  Rovira

Vicepresidente de Grupo Sifu

Publicado en Expansión - 25/03/13

ENTREVISTA RADIOFÓNICA - CRITERIO JOVEN;INTERECONOMIA

IMPORTANCIA DE LAS APTITUDES Y LA ILUSIÓN

BARCELONA A 13 DE MARZO DE 2013

Pasos hacia una lengua no discriminatoria con la discapacidad

La visión del concepto ‘discapacidad’ ha cambiado mucho en poco más de tres décadas. La evolución en el uso del lenguaje para referirse a este colectivo es un claro ejemplo de cómo nuestra sociedad va camino de su plena aceptación y normalización en el ámbito social y laboral.

Siglos atrás no era común la distinción entre diferentes tipos de discapacidad. Los parapléjicos, sordos, mudos, ciegos... eran señalados con un único término, el de "Retardado mental". No fue hasta el siglo XX cuando se empezaron a superar viejos prejuicios y poco a poco la sociedad se abrió a la idea de que este tipo de personas tienen un papel muy importante dentro de nuestra realidad. Aun así, todavía se utilizaban palabras como 'tarado', ‘tullido', 'subnormal’ o ‘inútil', que eran aceptadas por todos como palabras de uso cotidiano. En 1981 los poderes políticos y la administración pública española creyeron que era necesaria, por primera vez, una legislación que garantizara los derechos de las personas con discapacidad. De esa forma nació la LISMI, la Ley de Integración Social del Minusválido, hoy todavía vigente y en proceso de modificación, que regula, entre otras cosas, su acceso al mercado laboral.

El nombre de la propia ley ya nos da pistas de cómo la sociedad de la época se refería al colectivo. Aunque se produjo una evolución conceptual, el término minusválido supone que la persona en cuestión es menos válida para realizar una tarea en comparación con alguien que no tiene ese tipo de limitaciones.

Con el cambio de década, algunos círculos dieron pequeños pasos hacia la inclusión y comenzaron a utilizar la palabra 'disminuido', en referencia a una persona considerada menor. No fue hasta bien entrados los 90, cuando el término ' discapacidad ' se empezó a extender. A partir de ese momento se dejaron atrás expresiones discriminatorias que etiquetaban las personas con discapacidad en un estadio inferior y que daban a entender que “no tienen  habilidad",  tienen un "valor menor" o “no tienen valor". Con el lenguaje se puede determinar la inclusión-exclusión de los individuos en la sociedad y su pertenencia como ciudadanos de pleno derecho, por lo que es un factor básico en la construcción del pensamiento de una cultura.

Actualmente, la sociedad en que vivimos ha dado grandes pasos en la comprensión de la discapacidad y su relación con el entorno. Hoy este tipo de personas disponen de una serie de recursos, como asociaciones, fundaciones, centros de día, clubs sociales o centros especiales de empleo y ocupacionales que facilitan su día a día y contribuyen a mejorar su calidad de vida. El cambio de visión ha facilitado las intervenciones sociales, nos ha ayudado a valorar la diferencia y la diversidad, y nos ha conducido hacia la normalización, por ello, este tipo de personas ahora pueden desarrollar sus capacidades en el ámbito familiar, educativo y laboral, así como convivir en igualdad de oportunidades.

Si bien, estamos cada vez más informados sobre la discapacidad no debemos olvidar que aún queda mucho por hacer y que existe a día de hoy algunas expresiones ciertamente ofensivas pero de uso común como las frases hechas: "Sale más caro que un hijo tonto"," Tiene menos miras que un ciego", "Está más sordo que una tapia "o" No hay un cojo bueno".

Publicado en "social.cat" on line 25/02/13

Ver link
http://www.social.cat/opinio/3394/passes-cap-a-un-llenguatge-no-discriminatori

“Y TÚ MÁS...”

 ¿Imagináis qué pasaría si un empresario con problemas, que debiese dinero al gobierno por una sanción, se negase a devolverlo con el argumento de “tú me debes el IVA o tú no me pagas las facturas”?

Son numerosos los impuestos y pagos que empresarios y ciudadanos de a pie deben asumir continuamente como parte de sus obligaciones con el Estado. Sin embargo, ¿cuáles son las responsabilidades asumidas por nuestra clase política?

Los casos de corrupción en la administración pública y en el seno de los partidos cada vez son más frecuentes y sonados, convirtiéndose en algo fuera de lo común. Ante la indignación ciudadana, las réplicas parlamentarias y las acusaciones de los demás partidos, nuestros dirigentes se muestran lejos de asumir las responsabilidades que conllevan sus cargos. Éstos se limitan a esconder el bulto y recurrir a un discurso ciertamente infantil y simplista: la excusa del “y tú más” o al argumento de que son víctimas de una herencia recibida.  

Quien asume un cargo institucional debe tener claro que las decisiones que tome y las acciones que emprenda afectarán y condicionarán al resto de ciudadanos a los que gobierna, incluidos los que intentan sacar adelante su negocio y reflotar la crisis. No olvidemos que son los emprendedores y el mundo de las empresas, así como sus trabajadores, los que viven de primera mano las  consecuencias más crudas de esta recesión.

¿Cuántas veces habremos oído la expresión “Este es un país de pandereta” en los últimos meses? Y es que los casos de corrupción están minando todavía más el nivel de autoestima del país. Toda esta información causa una profunda mella en nuestra sociedad y afecta enormemente a nuestra imagen exterior, haciendo que los demás olviden quiénes somos y todo lo que hemos construido a base de esfuerzo. Para el mundo empresarial es importante crear un ambiente de confianza, de seriedad institucional y seguridad jurídica. España depende totalmente de la financiación exterior y es difícil seguir contando con la confianza de los acreedores si nuestra prima de riesgo se ve resentida y la duda de si gestionamos correctamente el crédito persiste en los mercados,  dadas las continuas noticias sobre corrupción en nuestro país.

La confianza es un valor muy preciado que debemos aprender a preservar. Es hora de asumir responsabilidades y quizás de esa forma, tan sólo quizás, volvamos a creer en la vocación política que tanto reclaman nuestros representantes desde sus escaños.  

Cristian Rovira

Vicepresidente Grupo Sifu

Publicado en Expansíon, 29/01/13

L'OCUPACIO DE DISCAPACITATS, CLAU A L'HORA DE GENERAR VALOR

Publicat Mon Empresarial - Edicio Novembre 2012

EL TAMAÑO DEL ESTADO

Tras la Gran Depresión en Estados Unidos toda una generación renunció al crédito para el desarrollo de sus proyectos vitales y, no fue hasta la incorporación de la siguiente al mercado de consumo y el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dejó atrás este ciclo de balance cero en las cuentas. Algo parecido pasó, años más tarde, durante la “década perdida” en Japón, cuando hasta 2006 no se experimentó un crecimiento en el precio de la vivienda.

Aquí, desde el comienzo de la crisis, las familias y las empresas han interiorizado la necesidad de hacer ajustes y éstos han sido meritorios. Además de ajustar todos nuestros gastos, las empresas han tenido que iniciar procesos de reestructuración —expresión eufónica que se emplea cuando, a pie de calle, todos hablan de reducir plantillas, de despedir a personas—. No se puede decir lo mismo del sector público que mantiene niveles de gasto inaceptables.

Esto pasa en un país en el que más del 98 por ciento de las empresas tienen menos de 20 trabajadores y, muchas veces, la relación entre el trabajador y los propietarios es directa. Cuando se pasa más tiempo en su compañía que en casa, ningún despido es baladí.

Y, sin embargo, veo, como empresario y ciudadano, que la Administración es la única que sigue incrementando su deuda. Datos recientes indican que ésta ya alcanza los 804.388 millones, el 75,9% del PIB. Que en la situación actual se alcance el nivel más alto de la historia es trágico. Lo más grave es que las previsiones indican que podría llegar al 90,5% del PIB en 2013. Así, es comprensible que Mit Romney pusiera como ejemplo a no seguir el 42% del PIB que en España ocupa el sector público.

Ahora, viendo los Presupuestos Generales para 2013 sigo teniendo la percepción de que el Estado no se atreve a reducir su tamaño. Pero ¿porqué las empresas sí y el Estado no? Se trata, sin duda, de una situación injusta para las familias, los trabajadores y las empresas que la actual situación de ajustes que experimentan unos y otros la hace aún más grave.

Y, aunque, muchas voces emergen ahora para recordarnos que el momento de hacer las reformas del calado que ahora requerimos, habría sido durante los periodos de prosperidad que hemos dejado atrás, acumulamos un retraso enfermizo.

Por ello, me sumo a la necesidad de celeridad, agilidad y eficacia para llevar a cabo las reformas del Estado que se precisen con vistas a adelgazarlo. No hacerlo es injusto con aquellos que sufren para pagar impuestos y se aprietan el cinturón mientras otros no lo hacen en la misma manera.

Cristian Rovira

Publicado en Expansión 10/10/12 , sección Catalunya

Kyle Maynard: "Sin excusas: el arte de conseguir lo imposible"