Los expertos en gestión de recursos humanos afirman que cualquier incremento salarial, actúa como elemento motivador sólo durante tres meses, pasado este tiempo, el empleado percibe el nuevo salario como algo habitual, deja de valorar el incremento y siente como la motivación se reduce a los niveles anteriores al aumento salarial. Aún menos motivador es el sistema de incrementos salariales automáticos, aquellos que son fruto de convenio. En estos casos, aún teniendo un salario superior al de mercado, unas condiciones de horario mejores a las de la mayoría y unas prestaciones de un nivel más alto de las que se debería tener, se acaba percibiendo el aumento salarial como algo normal, un derecho adquirido a partir del cual, evidentemente, se mejorará en la negociación al año siguiente. En el ámbito público, las reclamaciones salariales suelen ser especialmente conflictivas por los dos actores que en ellas se encuentran inmiscuidos: por una parte, los políticos, que son sensibles a la presión social y administran un dinero que no es propio; y, por otra parte, los trabajadores, que no son siempre conscientes de la procedencia del dinero y esfuerzo de aquellos que lo han generado. Esto última significa que estamos hablando de dinero procedente de los impuestos de los ciudadanos y empresas, mayoritariamente PYMES. Sólo analizándolo desde esta óptica pueden entenderse situaciones como las provocadas por los controladores el pasado puente de diciembre y más recientemente, por los maquinistas de Renfe o los conductores de autobuses de la TMB, por poner un ejemplo de trabajadores vinculados a un servicio tan básico como el transporte de personas. También habría casos en otros ámbitos sectoriales y, por ejemplo, los trabajadores de la Fira de Barcelona están amenazando con la convocatoria de huelgas en un momento tan delicado como el de la adjudicación del Mobile Congress, en el cual tanto dinero y tantos puestos de trabajo están en juego para la ciudad de Barcelona. Las exigencias fuera de lugar, además de no favorecer a los trabajadores, generan paro y perjudican de forma clara a aquellos que dicen defender. Las huelgas de celo, como las que vivimos, o las huelgas desproporcionadas, lo único que hacen es perjudicar a un porcentaje importante de la población y alimentan una espiral que no tiene fin. Los sindicatos deben aplicar el seny necesario y los dirigentes políticos, la firmeza precisa frente a chantajes inadmisibles. Esta es la clave para lograr parar este atropello. Faltará entonces un esfuerzo todavía mayor para que las condiciones laborales de estos colectivos sean las justas y objetivas en un entorno económico como en el que nos encontramos. Cristian Rovira Consejero Delegado GRUPO SIFU
EXPANSION 04/02/11
