Aunque hace unos años parecía un
argumento de novela de ciencia ficción, las innovaciones tecnológicas, los
sofisticados mecanismos de automatización industrial o la robótica se han ido
haciendo un hueco en nuestro día a día, transformando la forma en la que
vivimos y en la que trabajamos. Es la denominada cuarta revolución industrial,
un nuevo escenario que ha llegado a nuestras vidas planteando un sinfín de
nuevas oportunidades.
Desde el punto de vista de las personas
con diversidad funcional, las innovaciones tecnológicas están mejorando la
calidad de vida del colectivo. Conscientes del potencial de esta realidad, cada
vez son más las empresas y entidades que dedican sus esfuerzos a implementar
nuevas herramientas para normalizar la situación de estas personas y potenciar
sus capacidades. De hecho, en los últimos años hemos presenciado la aparición
de numerosos ejemplos de tecnologías sociales e inclusivas, como el primer smartphone
capaz de controlarse con el movimiento de la cabeza, aplicaciones móviles sobre
accesibilidad o prótesis monitorizadas.
No obstante, el avance de la tecnología
puede conllevar también algunos riesgos, especialmente palpables en el terreno
del mercado laboral. A principios de año, un informe elaborado por
investigadores del Foro Económico Mundial de Davos vaticinaba que la llegada de
la cuarta revolución industrial provocaría un impacto social sin precedentes en
el campo laboral. En concreto, el documento apuntaba a que los autómatas y la
inteligencia artificial destruirán
cinco millones de empleos en 2020 en los 15 países más industrializados del
mundo, afectando en primera instancia a los trabajos manuales y más
repetitivos, es decir aquellos en los que el empleado aporta menos valor
añadido a la empresa.
Este panorama repercutirá sin lugar a
dudas en toda la sociedad industrializada, pero todo parece apuntar a que, una
vez más, la situación impactará con más fuerza en el colectivo de personas con
diversidad funcional. Según el Atlas Laboral
de las Personas con Discapacidad 2016, elaborado por Grupo SIFU y la
Universidad de Sevilla, sólo un 15% de los españoles con discapacidad poseen
estudios superiores, diez puntos por debajo de la población sin
discapacidad.
Está claro que la tecnología y la
innovación no solo plantean un nuevo horizonte de posibilidades en todos los
campos (en la industria, la medicina, el aprendizaje…), sino que además
representan un tren en marcha del que no es posible apearse y que pone sobre la
mesa nuevas responsabilidades para todos (administraciones públicas, empresas,
trabajadores…). Ante este punto, es de obligado cumplimiento plantearse algunas
preguntas: ¿realmente la cuarta revolución industrial pondrá en peligro el
mercado laboral? ¿cómo hacer frente a esta tormenta perfecta que innovación y
discapacidad pueden protagonizar en un futuro próximo?
Teniendo en cuenta que el nivel educativo
tiene una relación directa sobre la empleabilidad de las personas con
discapacidad, la inversión en formación tendrá un papel más relevante que nunca
para aportar valor añadido y garantizarles un puesto de trabajo, un terreno en
el que a fecha de hoy todavía existe un gran margen de mejora. Se trata de un
reto y una responsabilidad innegable a la que, entre todos, deberíamos dar
respuesta.
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