jueves, 3 de noviembre de 2016

Ayudas económicas a la discapacidad: ¿gasto o inversión?


¿Es posible medir el retorno económico de las inversiones públicas realizadas en materia social? La respuesta es sí: el Retorno a la Inversión Social (SROI por sus siglas en inglés) es una metodología creada en los años 90 precisamente para medir el impacto social de una inversión. Desde entonces, han sido muchas las entidades y organizaciones que han logrado poner en valor y monetizar los beneficios de carácter económico, social y ambiental tras invertir cualquier importe. Así, el SROI es un útil instrumento clave para la planificación y evaluación de proyectos de numerosas organizaciones que trabajan en dichos campos.
Hace muchos años que en el ámbito de la discapacidad existe el debate acerca de si el dinero destinado a ayudar a las personas con diversidad funcional debe considerarse un gasto o una inversión. Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son beneficiarios de subvenciones públicas debido a su importante papel en la integración de dicho colectivo en el mercado laboral. En este sentido, los CEE representan el 70% de los contratos a personas con discapacidad, mientras que el 30% restante los realiza la empresa ordinaria. Además, cabe recordar que la fuerza productiva de los Centros Especiales de Empleo es del 0,3% frente al 99,7% de la empresa regular. Así pues, aun siendo 332 veces más pequeños, los CEE generan más del doble de contrataciones.
En los últimos años, se han realizado varios estudios para determinar cuál es el retorno económico de las inversiones públicas realizadas en Centros Especiales de Empleo. Éstos estiman que por cada euro de inversión pública destinado a CEE se genera un retorno de entre 2,09 y 3,24 euros para la sociedad. A este retorno, además, habría que sumarle los ahorros (en sistemas de protección social…) derivados de facilitar la integración en el mercado laboral de un colectivo vulnerable, que alcanza casi un millón y medio de personas en edad laboral en España.
En esta línea, las ayudas a la discapacidad no funcionan solo como garantía de los derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional sino que, gracias a la metodología del SROI, se ha demostrado que tienen un efecto multiplicador que vuelve en beneficio de toda la sociedad. En consecuencia, es necesario replantearse el eterno debate: ¿son estas ayudas un gasto o una inversión?
A fecha de hoy todavía son muchas las administraciones públicas que continúan considerando la inyección de dinero público en centros especiales de empleo como un gasto sin retorno, transmitiendo un mensaje de miedo relacionado con invertir en discapacidad. Estamos en un punto en el que vale la pena cambiar de perspectiva y empezar a ver las empresas, entidades y organizaciones que emprenden con éxito proyectos de acción social no solo como meras receptoras de subvenciones sino por el valor económico y social que generan.

 

 

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