A lo largo de la historia se ha dado una
evolución constante en el tratamiento de la discapacidad, tanto desde el punto
de vista social como del uso del lenguaje. Si en el siglo XIV se hablaba de
“idiotas”, en el siglo XVII se empezó a acuñar el término “retardo mental” sin
hacer distinción alguna entre los diferentes tipos de discapacidad. No
obstante, no hace falta viajar tan lejos en el tiempo para comprobar cómo ha
evolucionado el vocabulario referido a las personas con diversidad funcional, yendo
siempre de la mano de la propia realidad social.
En 1976, Naciones Unidas anunciaba que
1981 sería el Año Internacional de los Impedidos. Bajo el lema “por la plena
participación y la igualdad”, la asamblea general de la organización solicitaba
entonces que se estableciese un plan de acción a nivel nacional, regional e
internacional en el que se hiciese especial hincapié en la igualdad de
oportunidades, la rehabilitación y la prevención de la discapacidad. A fecha de
hoy, resulta sorprendente que la ONU hablase de “impedidos”, pero no se trata
del único ejemplo de uso despectivo del lenguaje. En el año 1982 se popularizó
la denominación de la palabra “minusválido”, que evolucionó a principios de los
años 90 al uso más extendido del concepto “disminuido”. En la misma línea, no
son pocos los ejemplos de documentos oficiales de finales del siglo XX que se
referían a las personas con discapacidad con palabras como “tullidos” o
“inválidos”, que no quiere decir otra cosa que persona no válida.
No fue hasta octubre de 1992, año en que
acababa el Decenio de los Impedidos (1983-1992), cuando la asamblea general de
las Naciones Unidas proclamaba el 3 de diciembre como Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, haciendo un llamamiento a los estados miembros para celebrar
dicha jornada con el objetivo de fomentar una mayor integración en la sociedad
de las personas con capacidades diferentes. Desde entonces, cada año la ONU ha
celebrado cada 3 de diciembre haciendo palanca en base a un lema y un objetivo
diferente.
Con la proclamación del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad se daba también un paso más hacia la
normalización buscando un uso más justo del lenguaje. Esta evolución, como
decíamos, está en constante revisión, puesto que actualmente se está empezando
a cuestionar el término “discapacidad”, recomendando ahora hablar de
“diversidad funcional” o personas con “capacidades diferentes”. Se trata aún de
un debate abierto que dará mucho que hablar. En cualquier caso, la reflexión
que podemos extraer es que el uso del lenguaje es un reflejo de la realidad
social que se encuentra detrás de este colectivo, que continúa luchando por su
plena inclusión y encaje en la sociedad.
En este sentido, una de las grandes asignaturas
pendientes es la integración laboral de las personas con discapacidad, un
colectivo que se ve afectado por unas elevadísimas tasas de paro en la gran
mayoría de los países del mundo. En España, casi un millón y medio de personas
en edad laboral tienen certificado de
discapacidad, lo que representa el 4,76% del total de la población comprendida
en esas edades. La mayoría de ellos, además, tienen una muy baja participación en el mercado laboral (su tasa de actividad es del 36,7%, más del doble
que la de las personas sin discapacidad) que se suma una alta tasa de paro 32%. Sin lugar a
dudas, la integración laboral y la independencia económica son dos piezas
imprescindibles para lograr la plena normalización de las personas con
discapacidad. Queda aún un largo camino por recorrer.
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